Una práctica que comenzó a circular en redes sociales, grupos de WhatsApp y foros financieros encendió una señal de alerta sobre la situación económica de miles de consumidores argentinos. Se trata del llamado “rulo” de Mercado Libre, una maniobra mediante la cual algunos usuarios buscan obtener liquidez utilizando las políticas de devolución de compras online como si fueran una herramienta de financiamiento.
El mecanismo consiste en comprar productos de alto valor en cuotas sin interés, recibir el artículo y luego solicitar su devolución dentro del plazo previsto por la plataforma, optando por recibir el reintegro del dinero. La intención no es ejercer el derecho de arrepentimiento previsto por la normativa de defensa del consumidor, sino acceder a dinero disponible y devolverlo posteriormente mediante las cuotas de la compra original.
Más allá de la discusión sobre la legalidad o no de estas conductas, el fenómeno pone de manifiesto una problemática más profunda: las crecientes dificultades de amplios sectores de la población para acceder al crédito formal.
Una señal de alarma social
La expansión de este tipo de prácticas coincide con un contexto marcado por el aumento de la morosidad en tarjetas de crédito, préstamos personales y financiamiento otorgado por fintechs y billeteras virtuales.
Cuando una persona recurre a mecanismos alternativos para obtener dinero, utilizando incluso herramientas diseñadas para proteger sus derechos como consumidor, el problema excede a una plataforma de comercio electrónico y se convierte en un indicador de fragilidad económica.
La necesidad de financiar gastos corrientes, afrontar deudas acumuladas o cubrir consumos básicos lleva a muchos hogares a buscar soluciones cada vez más riesgosas.
El derecho de arrepentimiento no es un crédito
El derecho de arrepentimiento constituye una garantía fundamental para quienes realizan compras a distancia o por medios electrónicos. Permite cancelar una operación cuando el producto no satisface las expectativas del comprador o cuando éste decide desistir de la compra dentro de los plazos establecidos por la ley.
Sin embargo, transformar esa herramienta de protección en un mecanismo de financiamiento desvirtúa su finalidad y puede generar consecuencias tanto para los usuarios como para el conjunto del sistema.
Las plataformas pueden aplicar sanciones, suspender cuentas o restringir operaciones cuando detectan conductas consideradas abusivas o contrarias a sus términos y condiciones.
Los riesgos para consumidores y comerciantes
Además de la posibilidad de sufrir bloqueos o suspensiones, estas prácticas trasladan costos a vendedores y comercios que deben afrontar gastos logísticos, financieros y administrativos derivados de operaciones que nunca tuvieron una finalidad de consumo real.
A largo plazo, esto puede traducirse en mayores restricciones para todos los usuarios, políticas de devolución más rígidas o costos adicionales que terminan impactando sobre el conjunto de los consumidores.
El verdadero debate
Más que preguntarnos si el “rulo” funciona o no, la discusión debería centrarse en las causas que explican su aparición.
Cuando miles de personas buscan financiamiento a través de mecanismos informales o alternativos, el fenómeno refleja las dificultades de acceso al crédito, la pérdida del poder adquisitivo y el creciente endeudamiento de los hogares.
Desde la Unión de Usuarios y Consumidores consideramos que es necesario fortalecer las políticas de educación financiera, promover prácticas crediticias responsables y garantizar condiciones de acceso al financiamiento que no empujen a las personas a asumir riesgos innecesarios o a recurrir a mecanismos para los que nunca fueron diseñadas.
La aparición de este tipo de conductas no debe analizarse únicamente desde la óptica de las plataformas digitales. También constituye una señal de alerta sobre la situación económica que atraviesan muchos consumidores y sobre la necesidad de construir herramientas que permitan un acceso al crédito más justo, transparente y sostenible.