El Gobierno nacional profundizó su política de desregulación económica mediante la derogación de 58 resoluciones y disposiciones vinculadas al consumo, el comercio, las importaciones y distintos mecanismos de intervención estatal en los mercados.
La medida fue oficializada mediante la Resolución 12/2026 de la Secretaría de Coordinación de Producción y forma parte del proceso de simplificación normativa impulsado por la administración nacional.
Entre las normas derogadas se encuentran regulaciones relacionadas con programas de financiamiento al consumo, mecanismos de control de precios, requisitos de información para la comercialización de bienes y herramientas de regulación de determinados mercados.
Qué normas fueron eliminadas
Entre las principales disposiciones derogadas se encuentran:
Normativas vinculadas a los programas Ahora 12 y Cuota Simple.
Resoluciones relacionadas con el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA).
Disposiciones complementarias de programas de control de precios.
Normas sobre procedimientos de autorización para importaciones.
Requisitos de información para la comercialización de determinados productos.
Regulaciones vinculadas a la comunicación anticipada de aumentos en cuotas de establecimientos educativos privados.
Según el Gobierno, estas medidas buscan reducir la burocracia, eliminar superposiciones normativas y otorgar mayor previsibilidad a las actividades económicas.
Nuestra preocupación
Desde la Unión de Usuarios y Consumidores advertimos que todo proceso de simplificación normativa debe garantizar la plena vigencia de los derechos de usuarios y consumidores.
La eliminación de herramientas de regulación, información y control requiere un seguimiento permanente para evitar que se traduzca en una menor protección frente a prácticas abusivas, aumentos injustificados o situaciones que afecten el acceso de la población a bienes y servicios esenciales.
Asimismo, observamos con preocupación la eliminación de programas que durante años permitieron facilitar el acceso al consumo mediante mecanismos de financiamiento en cuotas, especialmente en un contexto de pérdida del poder adquisitivo de los ingresos.
Un debate abierto
La discusión de fondo no se limita a la cantidad de normas vigentes sino al rol que debe asumir el Estado para garantizar relaciones de consumo equilibradas.
Mientras el Gobierno sostiene que la desregulación favorece la competencia y la actividad económica, consideramos que la defensa de consumidores y usuarios exige mantener mecanismos eficaces de control, información y protección que permitan corregir las asimetrías existentes en el mercado.
La simplificación administrativa no debe convertirse en una reducción de derechos.
Por el contrario, cualquier reforma normativa debe asegurar el cumplimiento efectivo de los principios consagrados por la Constitución Nacional y la Ley de Defensa del Consumidor, garantizando la protección de quienes participan de las relaciones de consumo en condiciones de mayor vulnerabilidad.