En la madrugada del 12 de febrero de 2026, el Senado de la Nación aprobó con 42 votos a favor y 30 en contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, un texto que ahora debe ser debatido y votado en la Cámara de Diputados para convertirse en ley.
La reforma fue presentada por el Poder Ejecutivo como una actualización necesaria de un régimen laboral que consideran “obsoleto” y un paso hacia la modernización y la formalización del empleo. Sin embargo, amplios sectores sindicales, organizaciones de derechos laborales y representantes de trabajadores alertan que la nueva normativa implica retrocesos significativos en derechos laborales históricamente consolidados.
Principales modificaciones y su impacto
Entre los cambios más controvertidos que quedaron incluidos en la versión aprobada por el Senado y que preocupan a los defensores de los derechos de trabajadores se encuentran:
- Jornada laboral flexible: El proyecto habilita la extensión de la jornada diaria hasta 12 horas mediante sistemas de “banco de horas”, con reducción del pago de horas extras reales y reorganización del tiempo laboral. Esto representa una presión adicional sobre los trabajadores, al flexibilizar límites que protegen la salud y el tiempo personal.
- Limitación del derecho a huelga: La reforma introduce requisitos de servicios mínimos —del 50% al 75% según sectores— durante huelgas, lo que puede restringir la capacidad de los trabajadores de interrumpir la actividad laboral como forma legítima de protesta colectiva.
- Cambios en la negociación colectiva: Se prevé priorizar los acuerdos individuales o de empresa sobre los convenios colectivos de nivel superior, debilitando el poder de negociación de sindicatos y la capacidad de coordinación colectiva en defensa de condiciones laborales generales.
- Reducción del costo de despido: El proyecto contempla mecanismos para abaratar las indemnizaciones por despido, entre ellos el uso de fondos de asistencia laboral financiados por aportes empresariales que reemplazarían parcialmente el sistema tradicional de indemnización, con potencial impacto negativo sobre la estabilidad económica de las personas desvinculadas.
Reacciones sindicales y sociales
La media sanción fue acompañada por un fuerte rechazo social y sindical, con movilizaciones masivas y protestas en las inmediaciones del Congreso que se extendieron hasta incidentes con fuerzas de seguridad.
Organizaciones sindicales históricas han advertido que la reforma “precariza” los derechos laborales, profundiza la desigualdad en la relación trabajador–empresa y favorece planteos de flexibilización en detrimento de la estabilidad en el empleo. Incluso sectores de la sociedad civil internacional han expresado preocupación por posibles violaciones a estándares laborales fundamentales, como el derecho a huelga, la negociación colectiva y la seguridad social.
¿Qué derechos están en juego?
Desde una perspectiva de derechos humanos y laborales, algunas de las principales preocupaciones que emergen del proyecto son:
- Derecho a condiciones de trabajo justas y equitativas: Limitar la negociación colectiva y priorizar acuerdos individuales debilitando, de hecho, la voz colectiva de los trabajadores.
- Derecho al descanso y a una jornada laboral razonable: La posibilidad de extender hasta 12 horas diarias mediante “bancos de horas” puede afectar la salud física y mental de las y los trabajadores.
- Derecho a la protesta y a la huelga: Los servicios mínimos obligatorios pueden transformar el derecho a huelga en un derecho limitado, especialmente en sectores esenciales.
- Protección frente a despidos injustificados: La reducción de la indemnización y cambios en su cálculo pueden dejar a trabajadores y trabajadoras con menos recursos frente a la pérdida de empleo.
Una discusión aún abierta
Aunque la media sanción representa un avance formal dentro del proceso legislativo, la reforma laboral continúa siendo objeto de debate político y social. El proyecto pasará ahora a la Cámara de Diputados, donde se espera que se analicen cada uno de sus artículos, y donde la oposición ya ha adelantado que podría recurrir a instancias judiciales si se consuma una versión que implique mayores retrocesos en materia de derechos laborales.
Desde una mirada centrada en los derechos de trabajadores y trabajadoras, resulta esencial que cualquier modificación al régimen laboral respete los principios de dignidad humana, justicia social y protección efectiva de quienes sostienen la actividad económica del país. La legislación laboral no puede ser una herramienta que profundice la precarización o erosione derechos que forman parte del núcleo de la protección social.