El desarrollo contemporáneo del mercado de crédito al consumo en Argentina evidencia una creciente sofisticación de los instrumentos financieros ofrecidos a los usuarios, particularmente a partir de la expansión de las tarjetas de crédito, los préstamos personales y, más recientemente, los créditos digitales canalizados por plataformas fintech. Este fenómeno, si bien ha favorecido la inclusión financiera y el acceso al consumo, ha traído aparejado un problema estructural: el sobreendeudamiento del consumidor.
Desde el punto de vista normativo, el sistema se encuentra vertebrado por un conjunto de fuentes que operan de manera concurrente. Por un lado, la Ley 25.065 de Tarjetas de Crédito establece el régimen específico aplicable a uno de los instrumentos más difundidos de financiamiento al consumo. Por otro, el Código Civil y Comercial de la Nación regula los contratos de mutuo y provee los principios generales en materia obligacional. A ello se suma la incidencia transversal de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, que introduce un estándar tuitivo basado en la protección de la parte débil de la relación jurídica. Finalmente, el rol del Banco Central de la República Argentina resulta central como autoridad de regulación y supervisión del sistema financiero, particularmente en lo relativo a la fijación indirecta de tasas de interés y condiciones de otorgamiento del crédito.
No obstante esta pluralidad normativa, el diseño regulatorio presenta importantes asimetrías. Mientras que las entidades financieras tradicionales se encuentran sujetas a un régimen intenso de control administrativo, las nuevas formas de crédito digital —especialmente aquellas canalizadas por actores no bancarios— evidencian, en ciertos casos, una menor densidad regulatoria o una supervisión más fragmentaria. Esta heterogeneidad repercute directamente en el nivel de tutela efectiva del consumidor, generando espacios de mayor exposición al riesgo.
En términos económicos y funcionales, los distintos instrumentos de crédito presentan características que inciden de modo diverso en la propensión al sobreendeudamiento. En particular, la tarjeta de crédito, en tanto sistema de crédito rotativo, habilita una lógica de financiación permanente que tiende a diluir la percepción del costo real del crédito. La posibilidad de efectuar pagos mínimos y refinanciar saldos contribuye a la generación de ciclos de endeudamiento prolongados, en los cuales el consumidor se ve progresivamente imposibilitado de cancelar el capital adeudado. Por su parte, los créditos digitales —caracterizados por su inmediatez, accesibilidad y menor exigencia de verificación crediticia— potencian escenarios de endeudamiento impulsivo, muchas veces asociados a situaciones de vulnerabilidad económica.
El abordaje desde políticas públicas en Santa Fe y Rosario
El análisis del sobreendeudamiento del consumidor en el mercado de crédito al consumo no puede agotarse en la dimensión estrictamente normativa o contractual. Por el contrario, se trata de un fenómeno estructural que exige ser abordado también desde el diseño de políticas públicas integrales, especialmente en el ámbito local, donde sus efectos se manifiestan con mayor intensidad en la vida cotidiana de los hogares.
A diferencia de lo que sucede en otras provincias, el caso de Santa Fe evidencia una brecha entre el reconocimiento empírico del sobreendeudamiento como problema y la ausencia de dispositivos institucionales específicos para su abordaje. En este contexto, el gobernador Maximiliano Pullaro anunció un programa orientado a aliviar la carga financiera de los empleados públicos santafesinos, particularmente aquellos con créditos con descuentos directos en sus recibos de sueldo.
La iniciativa apunta a reemplazar “viejas deudas caras”, contraídas con acreedores no bancarios, por una nueva línea de crédito con tasas promocionales, plazos más extensos y un período de gracia de dos meses. Si bien aún restan definiciones operativas, el objetivo central es facilitar la reestructuración de deudas en condiciones más favorables, reduciendo el peso de los intereses y ampliando los plazos de pago.
Por otra parte, en Rosario, la concejala Norma López presentó en el Concejo Municipal dos iniciativas que constituyen ejemplos relevantes de una reconfiguración del rol estatal frente al sobreendeudamiento de los consumidores.
Una de ellas es el Programa Municipal de Acompañamiento para el Desendeudamiento Familiar, que reconoce expresamente que el endeudamiento de los hogares “constituye un fenómeno estructural que excede la esfera estrictamente privada” y que impacta en dimensiones centrales como la estabilidad familiar, el acceso a derechos básicos y la cohesión social. En este sentido, el programa no se limita a promover soluciones financieras, sino que incorpora herramientas de acompañamiento social, educación financiera y articulación institucional con entidades crediticias, orientadas a adecuar las deudas a la capacidad real de pago de los hogares.
La segunda propuesta, denominada Programa Municipal Integral de Fortalecimiento de Hogares Monomarentales, pone de relieve que el endeudamiento se vincula estrechamente con la feminización de la pobreza, la sobrecarga de tareas de cuidado y la precariedad laboral, profundizando situaciones de desigualdad estructural.
En una reunión mantenida entre la concejala López y la vicepresidenta de la Unión de Usuarios y Consumidores, Valeria Vaccaro, se destacó la importancia de articular estas iniciativas con el trabajo territorial que lleva adelante la filial Rosario. En ese marco, se identificó una línea común: la necesidad de abordar el sobreendeudamiento mediante estrategias multidimensionales que integren herramientas económicas, sociales y jurídicas.
En estos contextos, el crédito al consumo, lejos de operar como herramienta de inclusión, se transforma muchas veces en un mecanismo de subsistencia en condiciones desfavorables, profundizando las desigualdades existentes. La incorporación de dispositivos de acompañamiento, así como de servicios de asistencia y patrocinio jurídico, evidencia un enfoque que trasciende la lógica financiera para inscribirse en una perspectiva de derechos humanos y de género.
En esa línea, la Dra. Vaccaro subrayó que el rol del Estado no debe limitarse a la asistencia, sino que debe consolidarse como un actor de coordinación institucional, capaz de promover acuerdos con entidades financieras, fomentar prácticas crediticias sostenibles y garantizar condiciones más equitativas en el acceso al crédito.