El Gobierno nacional publicó el Decreto 366/2025, que modifica aspectos centrales de la Ley de Migraciones N° 25.871 y afecta el acceso a derechos básicos como salud, educación y ciudadanía para personas extranjeras que residen en Argentina.
Entre los principales cambios, se destacan:
Acceso a la salud pública:
Se habilita el cobro por la atención sanitaria a personas extranjeras que no cuenten con residencia permanente. Sólo se garantiza la gratuidad en casos de emergencia. Quienes no puedan acreditar residencia o seguro médico deberán abonar la atención, lo que limita el derecho universal a la salud.
Acceso a la educación superior:
Las universidades públicas podrán cobrar aranceles a estudiantes extranjeros sin ciudadanía argentina ni residencia permanente. Se garantiza la gratuidad únicamente en los niveles inicial, primario y secundario, lo que representa un retroceso en el derecho a la educación para estudiantes migrantes.
Ciudadanía argentina:
Se eliminan las condiciones que permitían acortar el plazo de residencia requerido para solicitar la ciudadanía por haber prestado servicios relevantes al país. Ahora, sólo se considera la posibilidad de hacerlo mediante una “inversión relevante”.
Reducción de plazos de residencia precaria:
El plazo de validez de la residencia precaria se reduce de 180 a 90 días, lo que dificulta la regularización migratoria y genera mayor inestabilidad jurídica para personas en situación de movilidad.
Limitación de derechos según la categoría migratoria:
Se reemplaza la garantía de igualdad en el acceso a derechos como salud, educación, trabajo y seguridad social por un acceso condicionado al tipo de residencia migratoria.
Desde la Unión de Usuarios y Consumidores advertimos que estas modificaciones suponen un retroceso en la garantía de derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional y en tratados internacionales. Continuaremos informando y acompañando a quienes puedan verse afectados por estos cambios.