DOCUMENTO CONJUNTO PRESENTADO POR LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES EN LA AUDIENCIA PUBLICA CONVOCADA POR RESOLUCION ENRE 25/2022 DE FECHA 17/02/2021
Las asociaciones nucleadas en la Comisión de Usuarios Residenciales del ENRE (CUENRE) celebramos poder participar una vez más de este espacio de información y debate que constituyen las audiencias públicas.
Hemos llegado hasta esta audiencia no sin antes atravesar y estar atravesando los duros embates de la crisis sanitaria que causó y causa el COVID 19, que puso en vilo al mundo entero y que continúa hasta la actualidad.
Los Estados tanto nacional, como provinciales y municipales debieron aplicar medidas que tuvieron como objetivo primordial salvar la mayor cantidad de vidas y evitar la propagación del virus y la multiplicación de los contagios.
Frente a la determinación fundamental de priorizar la salud; las actividades económicas y sociales se vieron fuertemente afectadas y/o discontinuadas, causando una profundización de la crisis económica mundial y también en nuestro país. Se vieron muy afectadas y profundizadas las necesidades de la población; principalmente en materia de trabajo, acceso a servicios esenciales tales como salud, educación, servicios domiciliarios, entre otros.
Con la declaración de la emergencia energética y tarifaria, dispuesta por la Ley 27.541 del año 2019, se fijó como objetivo disminuir la presión real de las tarifas sobre hogares, empresas e industrias de nuestro país.
Paralelamente, para hacer frente a esta situación durante el año 2020 -entre otras políticas públicas- se determinó el congelamiento de las tarifas de servicios públicos y la suspensión de los cortes de suministro por falta de pago, garantizando la continuidad del acceso, en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio. Posteriormente, durante el año 2021, las tarifas de electricidad correspondiente a los usuarios residenciales de Edenor y Edesur tuvieron un incremento del 9 %, de bajo impacto en la economía de los usuarios.
Esta situación puede modificarse sustancialmente, a partir de la discusión planteada en esta Audiencia en la que se debate el incremento solicitado por las Generadoras, Transportistas y Distribuidoras .
Este conjunto de medidas provocaría un incremento de la tarifa que oscilaría entre un 20% y un 30%.
Todo esto, en un contexto en el que la actividad laboral pese a la mejoría verificada en 2021, todavía no se ha recuperado plenamente: El INDEC informó que en el último trimestre del año 2021, la tasa de desocupación fue del 8,2%.( 1.113.000 no tienen trabajo ) y la tasa de subocupación fue del 12,2% ( 1.648.000 personas están subocupadas). De los trabajadores ocupados, el 33,1% ( 2.900.000 ) no tienen descuento jubilatorio. Estos datos oficiales muestran que los ingresos de más de 5 millones de personas, se encuentran por debajo de la línea de pobreza e indigencia.
Otro sector de la población que se vería afectado por un incremento tarifario es el de los Jubilados y Pensionados con el Haber mínimo: El 49% de jubilados o sea 2.800.000 jubilados percibiran un haber de 32.630 pesos a partir de Marzo/2022.
En el análisis tarifario no puede soslayarse el alto sobreendeudamiento de las familias: Un estudio de la Universidad Nacional de San Martín arrojó que el 40% de la población encuestada presenta una alta vulnerabilidad financiera. Prueba de esto último es que alrededor del 70% de los hogares solicitaron préstamos para pagar alimentos y medicamentos y un 50% de los hogares destinaron el dinero prestado a pagar impuestos, servicios y expensas.
No debemos dejar de pasar esta oportunidad para reiterar la denuncia: la mala calidad de servicio de las empresas Edenor y Edesur quienes no tienen la infraestructura necesaria para mantener la calidad exigida por el contrato de concesión ni tienen los equipos y cuadrillas para reponer rapidamente los servicios cuando se cortan. Sumemos a esto la falta de las inversiones necesarias para mantener la calidad de servicio. Hace años que los veranos son terroríficos para los usuarios, cortes reiterados y cortes prolongados a miles de ellos.
En este marco, también consideramos que la segmentación tarifaria importaría un necesario avance hacia la implementación de un paradigma de servicios públicos más equitativo. El tratamiento igualitario con respecto a usuarios y usuarias que se encuentran en diferentes realidades sociales, ambientales y de accesibilidad a otros bienes y servicios en nuestra sociedad es sin duda un factor que agrava la desigualdad. El camino hacia un sistema de servicios públicos más justo es aquel que atienda en la mayor medida posible a las particularidades socioeconómicas y necesidades de los usuarios/as de los servicios públicos en forma diferenciada. Tal es así que la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó en el fallo “CEPIS” la necesidad de establecer distintas categorías o diferenciaciones de usuarios y usuarias del servicio público para no tratar de la misma manera a quienes no se encuentran en las mismas condiciones.
Pero, lamentablemente llegamos a esta Audiencia y la segmentación tarifaria no se ha podido implementar ni en esta audiencia está incluido como tema en cuestiòn.
Los aumentos exorbitantes de las tarifas de electricidad aplicados entre 2016 y 2019, sumados al cimbronazo económico provocado por la pandemia del Covid 19, no dejan hoy margen para un aumento de tarifas sin comprometer el derecho a la vida digna de los y las usuarios/as.
La tarifa debe analizarse necesariamente atendiendo a la realidad económica de los hogares argentinos y en relación con la presión del acceso a otros bienes y servicios, tal como el propio comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de las Naciones Unidas determinó “los gastos personales o del hogar que entraña la vivienda deberían ser de un nivel que no impidiera ni comprometiera el logro y la satisfacción de otras necesidades básicas”.
Sólo de este modo, creemos que se propendería a garantizar el acceso universal a servicios energéticos con tarifas justas y razonables, tal como nuestra propia normativa nacional y los compromisos asumidos por el Estado determinan, ratificando el camino emprendido hacia la salida de la lógica de las políticas tarifarias del pasado, basadas en la mercantilización de los servicios públicos.
El sector empresarial está exigiendo un gran aumento de las tarifas, pero creemos que el gobierno nacional tiene que seguir cuidando el bolsillo de los y las argentinas que en su gran mayoría siguen padeciendo las consecuencias de una política energética que los llevó a la necesidad de elegir entre pagar las facturas de servicios públicos o comprar alimentos.
En suma, en el marco de la situación socioeconómica actual creemos que la reactivación económica debe ser acompañada por políticas energéticas y tarifarias que prioricen los derechos de usuarios y usuarias garantizando el acceso a los servicios públicos a través de tarifas justas, razonables y asequibles. En este contexto es que sostenemos que, hoy por hoy, no hay margen para aumentar las tarifas.
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