El Congreso aprobó una reforma que mantiene el subsidio para la Patagonia, Malargüe y la Puna, pero elimina su aplicación automática en las regiones incorporadas en 2021. Además, modifica la forma de calcular el descuento e incluye una controvertida compensación de deudas para distribuidoras eléctricas.
El Senado convirtió en ley el nuevo Régimen de Zona Fría el pasado 24 de septiembre, con 38 votos a favor y 8 en contra. La norma ya fue sancionada por el Congreso, pero todavía resta su promulgación y reglamentación para conocer cómo y desde cuándo se aplicarán los cambios.
La reforma implica una reducción significativa del alcance del beneficio. Según estimaciones presentadas durante el debate, de los 3,4 millones de usuarios actualmente comprendidos, alrededor de 1,6 millones dejarían de recibir el descuento automático.
¿Quiénes conservarán el beneficio?
El régimen geográfico se mantendrá para las denominadas zonas originales: la Patagonia, el departamento mendocino de Malargüe y la Puna. Sin embargo, la ley elimina el porcentaje fijo de bonificación y faculta al Poder Ejecutivo a determinar su alcance y modalidad.
En las regiones incorporadas en 2021 —entre ellas numerosos municipios de Buenos Aires y localidades de Córdoba, Santa Fe y otras provincias— el beneficio dejará de otorgarse por el solo hecho de vivir en una zona fría.
En estos lugares podrán conservar una bonificación los hogares incluidos en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados. Esto comprende, entre otros casos, a familias con ingresos de hasta tres Canastas Básicas Totales, hogares inscriptos en el ReNaBaP, veteranos de Malvinas y familias con integrantes que tengan Certificado Único de Discapacidad.
En la provincia de Buenos Aires, 95 municipios estaban alcanzados por el régimen ampliado. Con la reforma, solamente Patagones continuará dentro del esquema geográfico original, aunque los hogares vulnerables de los demás distritos podrán solicitar el subsidio focalizado si cumplen los requisitos.
Un descuento más reducido
Otro cambio importante está en la forma de calcular la bonificación. Hasta ahora, los descuentos de entre el 30% y el 50% se aplicaban sobre el total de la factura. Con el nuevo régimen, se calcularán únicamente sobre el precio del gas, sin incluir transporte, distribución, impuestos ni otros conceptos.
Por lo tanto, incluso algunos usuarios que conserven el beneficio podrían observar una reducción de su peso real sobre la factura final.
También desaparece el acceso automático de entidades de bien público y comedores comunitarios ubicados en las zonas incorporadas en 2021. El nuevo esquema exige acreditar previamente las condiciones establecidas para acceder al subsidio.
Beneficios para las distribuidoras eléctricas
La iniciativa aprobada es más amplia que el Régimen de Zona Fría. También crea un mecanismo para que las distribuidoras eléctricas compensen los ingresos que aseguran haber dejado de percibir durante los períodos de congelamiento tarifario con las deudas que mantienen ante CAMMESA.
De acuerdo con datos oficiales citados durante el debate legislativo, esas deudas rondan los 1.842 millones de dólares y el 69% se concentra en Edenor, Edesur y las empresas del Grupo DESA.
Aunque la norma presenta este punto como una regularización y compensación, distintos sectores lo cuestionan como una condonación indirecta de obligaciones millonarias. El contraste resulta evidente: mientras numerosos hogares perderán un descuento directo sobre el gas, las empresas distribuidoras recibirán una herramienta para reducir sus deudas con el sistema eléctrico.
Una reforma que exige información y control
Desde La Unión consideramos indispensable que la reglamentación establezca mecanismos sencillos y accesibles para que ningún hogar vulnerable pierda el beneficio por falta de información o por dificultades para realizar un trámite.
Las autoridades y las empresas deberán comunicar con claridad quiénes conservarán el subsidio, cómo se calculará el nuevo descuento y qué procedimiento deberán seguir quienes tengan que solicitarlo.
El acceso al gas y a una calefacción adecuada forma parte de las condiciones esenciales para una vida digna. La focalización de los subsidios no puede convertirse en una barrera administrativa ni provocar aumentos inesperados en hogares que necesitan protección.