El femicidio de Agostina volvió a sacudir a la sociedad argentina. Una vez más, una adolescente asesinada nos enfrenta a una realidad que persiste y que, lejos de disminuir, se agrava en un contexto donde las políticas de prevención, asistencia y acompañamiento frente a las violencias de género atraviesan un fuerte proceso de desmantelamiento.
A pocos días de cumplirse 11 años del primer Ni Una Menos, la pregunta vuelve a ser incómoda pero necesaria: ¿qué lugar ocupa hoy la problemática de la violencia de género en la agenda pública?
Durante la última década, el movimiento feminista logró instalar debates fundamentales: la violencia machista dejó de ser considerada un problema privado para convertirse en una cuestión social, política y de derechos humanos. Sin embargo, muchos de esos avances hoy aparecen cuestionados.
El cierre de programas, la reducción de áreas específicas, el debilitamiento de dispositivos de acompañamiento y la falta de presupuesto para políticas de género ocurren mientras los femicidios continúan sucediendo. A esto se suman discursos públicos que relativizan la violencia por motivos de género o directamente buscan negar su especificidad.
No es menor que desde el propio Gobierno nacional se haya planteado la intención de eliminar la figura de femicidio del Código Penal, desconociendo que esta herramienta jurídica surgió precisamente para visibilizar una violencia estructural que afecta a mujeres y diversidades por su condición de género.
Tampoco resulta inocente que, en medio de este contexto, vuelvan a instalarse debates centrados casi exclusivamente en las falsas denuncias, como ocurrió recientemente a partir de declaraciones de distintos sectores políticos. Si bien toda denuncia falsa debe investigarse y sancionarse cuando corresponde, convertir casos excepcionales en el eje principal de la discusión termina desplazando el problema central: miles de mujeres siguen atravesando situaciones de violencia, muchas veces sin protección suficiente del Estado.
La realidad muestra que el miedo a denunciar, las dificultades para acceder a la justicia, la dependencia económica y la falta de redes de contención siguen siendo obstáculos cotidianos para quienes intentan salir de situaciones violentas.
Por eso, a 11 años de aquella multitudinaria movilización que cambió la historia reciente del país, Ni Una Menos continúa siendo mucho más que una consigna. Es un llamado de atención frente a cada retroceso, frente a cada intento de invisibilizar la violencia de género y frente a cada política que debilita los mecanismos de protección.
El caso de Agostina no puede ser leído como un hecho aislado. Nos interpela como sociedad y nos obliga a preguntarnos qué pasa cuando se recortan derechos, cuando se desfinancian políticas públicas y cuando los discursos oficiales dejan de reconocer la existencia de desigualdades estructurales.
Porque detrás de cada femicidio hay una historia que pudo haberse evitado. Y porque ninguna sociedad puede considerarse libre mientras las violencias sigan condicionando la vida de mujeres y diversidades.
A 11 años de Ni Una Menos, el reclamo sigue vigente. Más aún cuando los derechos conquistados comienzan a ponerse en discusión.