La Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia de la Cámara de Diputados, presidida por la diputada Carolina Yutrovic (UxP), llevó adelante una reunión informativa para debatir el nuevo Marco Regulatorio del servicio de provisión de agua y saneamiento dispuesto por el DNU 493/2025, que habilita a AySA a interrumpir el servicio de agua potable por falta de pago.
Durante el encuentro, Claudio Boada, titular de la Unión de Usuarios y Consumidores, reafirmó el rol estratégico del Estado en la garantía de derechos esenciales y expresó que «es una necesidad que un servicio esencial como el agua y las cloacas sigan en manos públicas en todo el país». Además, advirtió que la herramienta del corte por mora no resuelve la situación de morosidad, y por el contrario, afecta gravemente a grupos vulnerables como personas mayores, niños, niñas, personas con discapacidad y enfermos, generando consecuencias directas sobre su salud y calidad de vida.
Desde diversos sectores de la sociedad civil y defensorías del pueblo se planteó la inconstitucionalidad y regresividad de la medida, que pone en riesgo el acceso al agua potable como derecho humano reconocido internacionalmente. Se cuestionó, además, que el DNU modifica un servicio público esencial sin pasar por el Congreso, debilitando los mecanismos democráticos de debate.
El encuentro contó con la participación de organizaciones de defensa de consumidores, representantes sindicales, funcionarios judiciales, defensorías provinciales y municipales, y referentes de derechos humanos. Todos coincidieron en la gravedad del escenario que plantea esta normativa, en un contexto de crecientes dificultades económicas para los hogares.
Desde la Unión de Usuarios y Consumidores, advertimos que el agua no puede ser tratada como una mercancía. El acceso a servicios esenciales debe estar garantizado por el Estado, incluso frente a situaciones de deuda, porque están en juego derechos fundamentales y condiciones mínimas de vida digna.
Seguiremos acompañando este debate legislativo y defendiendo el derecho de los usuarios y consumidores frente a medidas que ponen en riesgo su salud, seguridad y bienestar.
