En una sesión especial impulsada por bloques de la oposición, la Cámara de Diputados dio media sanción a dos proyectos de alto impacto social: la Ley de Financiamiento Universitario y la emergencia pediátrica en el Hospital Garrahan. Ambas iniciativas suponen un revés significativo para el Gobierno nacional y marcan el pulso de un Congreso que comienza a poner límites a las políticas de ajuste impulsadas por el oficialismo.
Además de estas aprobaciones, la sesión dejó otro hecho relevante: el avance en el tratamiento de cinco Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) dictados por el Poder Ejecutivo, que buscan disolver organismos clave como el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), Vialidad Nacional y áreas de Cultura.
A instancias de la oposición, se logró emplazar a las comisiones de Ciencia y Técnica y de Presupuesto para que el próximo 13 de agosto se aborden formalmente estos decretos, lo que abre la puerta a una posible revisión legislativa sobre su validez y aplicación.
Desde la Unión de Usuarios y Consumidores, vemos con preocupación el intento de eliminar instituciones que cumplen funciones estratégicas para el desarrollo económico, productivo y social del país. La disolución del INTA o el INTI, por ejemplo, no solo afecta a trabajadores del Estado, sino también a cientos de pymes, cooperativas y productores que reciben asistencia técnica para sostener su actividad.
Del mismo modo, la pérdida de organismos como Vialidad Nacional o áreas vinculadas a la Cultura implica un retroceso en derechos que impactan directamente en la vida cotidiana de millones de personas.
Celebramos que el Congreso recupere su rol como ámbito de deliberación democrática y seguimiento del Poder Ejecutivo, en un contexto donde la concentración de decisiones mediante DNU ha puesto en jaque el funcionamiento pleno de las instituciones.
Desde nuestra organización seguiremos acompañando los debates que apunten a proteger derechos, fortalecer el rol del Estado en áreas sensibles y garantizar que las políticas públicas respondan al bienestar colectivo.