La Unión de Usuarios y Consumidores informó que comenzó a resolverse una situación que afectaba a vecinos y vecinas de Bajo Boulogne, donde se habían colocado dispositivos restrictivos del ingreso de agua —conocidos como “cepos”— en conexiones domiciliarias.
Tal como la entidad viene señalando desde hace tiempo, en barrios populares donde existe baja presión y predominan viviendas multifamiliares —con varias familias compartiendo un mismo terreno—, la instalación de estos dispositivos puede derivar en una cesación práctica del servicio de agua.
La problemática se concentraba en sectores donde la red ya presenta baja presión, por lo que la colocación de “cepos” reducía aún más el caudal disponible. En la práctica, muchos hogares recibían apenas una mínima cantidad de agua, insuficiente para cubrir necesidades básicas.
Desde la Unión de Usuarios y Consumidores advirtieron que, en un contexto de creciente morosidad y deterioro del poder adquisitivo, este tipo de medidas implica una grave afectación al derecho humano al acceso al agua potable y al saneamiento.
En ese sentido, recordaron que recientemente la Justicia resolvió ampliar una medida cautelar que impide el corte de los servicios de agua y cloacas, en el marco de una causa que busca garantizar el acceso a este servicio esencial.
“Este caso tiene un fuerte paralelismo con ese proceso judicial: si bien no se trata de un corte formal, en la práctica funciona como tal”, señalaron desde la entidad.
“La resolución judicial y la intervención frente a situaciones como la ocurrida en Bajo Boulogne muestran la importancia de garantizar que el acceso al agua, como servicio esencial, no quede librado exclusivamente a la capacidad de pago de los usuarios”, agregaron.
Finalmente, desde la organización reafirmaron que continuarán trabajando en la defensa de los derechos de usuarios y consumidores y en la protección de los servicios públicos esenciales.