El Gobierno nacional oficializó la creación del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad mediante el Decreto 452/2025. Esta medida fusiona los organismos que hasta ahora regulaban por separado los servicios públicos de gas natural (ENARGAS) y de electricidad (ENRE), y establece que el nuevo ente deberá comenzar a funcionar en un plazo de 180 días.
Según el Ejecutivo, el objetivo es “lograr una gestión más eficiente”, simplificando estructuras y optimizando recursos. Sin embargo, desde la Unión de Usuarios y Consumidores manifestamos preocupación por el alcance y las consecuencias de esta transformación, que va mucho más allá de una simple reorganización administrativa.
“No es solo una fusión, es un cambio de paradigma”
En diálogo con nuestra organización, Fernanda Lacey, especialista en regulación de servicios públicos y referente de la Unión, sostuvo que la medida “plantea una liberación del mercado energético que nos pone en alerta”.
“Nos preocupa cuáles serán las nuevas condiciones del sistema energético. Esto no se limita a una fusión de entes. Se trata de un cambio radical en las reglas de juego que regían desde hace 30 años, desde las privatizaciones”, afirmó Lacey.
El Decreto 451/2025, que acompaña a la medida y contiene un anexo de 82 artículos, introduce modificaciones profundas, como modalidades de contratación directa entre usuarios y comercializadores, y deja sin definir aspectos clave sobre inversiones, tarifas y reglas de funcionamiento del mercado.
“Se esbozan nuevas formas de contratación que se resolverán más adelante por resoluciones específicas. ¿Cómo se garantizarán las inversiones si no están claras las reglas del negocio?”, cuestionó Lacey.
¿Qué cambia para los usuarios?
Desde la Unión advertimos que las funciones y competencias del nuevo ente presentan inconsistencias: mientras el ENARGAS tenía alcance nacional sobre el gas por redes, el ENRE regulaba solo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Unificar ambos sin resolver esas diferencias puede generar vacíos normativos y desigualdad en el control de los servicios.
“Los servicios públicos domiciliarios deben estar regulados por el Estado, con fuerte control técnico, comercial y operativo. No pueden quedar totalmente librados al mercado”, enfatizó Lacey.
Además, las nuevas normas podrían habilitar mecanismos de comercialización directa entre empresas y usuarios, sin claridad sobre cómo se garantizarán derechos básicos como la universalidad del servicio, la calidad de la prestación, o la seguridad de las instalaciones.
Un sector sensible, con impacto directo en la vida cotidiana
El gas y la electricidad no son bienes de lujo: son servicios esenciales para la vida humana y el desarrollo económico y social. Cualquier modificación que debilite el rol del Estado en su regulación debe ser analizada con extrema cautela y amplio debate democrático.
“Este no es un simple cambio de nombre o estructura. Estamos ante una transformación de fondo que afecta el modelo energético argentino y plantea interrogantes urgentes sobre la protección de derechos, las tarifas, la calidad del servicio y el rol del Estado”, resumió Lacey.
Desde la Unión de Usuarios y Consumidores reafirmamos nuestro compromiso en defender los derechos de las personas usuarias y exigimos que cualquier reforma garantice el acceso, la seguridad y la equidad en el uso de los servicios públicos. Seguiremos analizando el impacto de esta medida y sus reglamentaciones, y acompañando a los usuarios frente a cualquier vulneración de derechos.