El Gobierno nacional oficializó, a través del DNU 379/2025, la creación del Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud (PROMESA), una nueva instancia previa a la judicialización de reclamos contra obras sociales y empresas de medicina prepaga. Aunque se presenta como una herramienta para “agilizar” los procesos judiciales, en la práctica introduce requisitos que podrían dificultar el acceso oportuno a prestaciones médicas esenciales.
Un procedimiento que puede generar demoras
El nuevo mecanismo establece que, antes de presentar un amparo, los usuarios deberán participar de una instancia de mediación obligatoria que exige contar con patrocinio letrado, salvo en casos en los que se acredite necesidad manifiesta. El proceso será gestionado por el Ministerio de Justicia, mientras que el Ministerio de Salud solo podrá intervenir si es convocado.
Desde la Unión de Usuarios y Consumidores, observamos con preocupación que este procedimiento podría retrasar la obtención de respuestas en situaciones donde está en juego la salud, sin garantizar necesariamente una solución eficaz o cobertura inmediata.
Un contexto marcado por el incremento de reclamos
Según datos oficiales, los amparos por temas de salud aumentaron un 471% en 2024 respecto al año anterior. Muchos de estos reclamos responden a incumplimientos en las coberturas, negativas arbitrarias y subas sostenidas en las cuotas, especialmente tras la desregulación impulsada por el DNU 70/2023.
En este escenario, la Justicia se ha vuelto un recurso indispensable para muchas personas que no encuentran respuestas en el sistema. La incorporación de una instancia adicional podría implicar una carga más para los usuarios en lugar de una solución efectiva.
El rol del Estado y la necesidad de respuestas eficaces
Consideramos fundamental que cualquier política orientada a mejorar los procesos de reclamo tenga como eje principal la protección del derecho a la salud y la búsqueda de respuestas rápidas, accesibles y equitativas.
Desde la Unión de Usuarios y Consumidores reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos de quienes utilizan el sistema de salud, y subrayamos la importancia de que las medidas adoptadas por el Estado contribuyan a garantizar el acceso efectivo a las prestaciones, sin generar obstáculos adicionales.