El Gobierno nacional anunció que avanzará con la privatización de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), la empresa estatal que brinda el servicio de agua potable y cloacas a más de 14 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y gran parte del conurbano bonaerense. Según se informó oficialmente, el proceso implicará la transferencia del 90% de las acciones a capitales privados mediante una licitación pública y una oferta inicial en el mercado.
Desde la Unión de Usuarios y Consumidores advertimos que esta medida pone en riesgo un derecho esencial como el acceso al agua segura y el saneamiento básico, reconocido por Naciones Unidas como un derecho humano fundamental. La experiencia previa de privatización del servicio durante los años ’90, en manos de la francesa Suez dejó como saldo graves incumplimientos, falta de inversiones, deterioro del servicio y consecuencias negativas para la salud pública.
Un servicio esencial no puede ser tratado como mercancía
El vocero presidencial, Manuel Adorni, justificó la decisión apelando a argumentos económicos, como el supuesto costo fiscal de AySA o el crecimiento de su planta de trabajadores. Sin embargo, omitió mencionar que en 2024, gracias al aumento de tarifas, la empresa logró superávit financiero, lo cual desmiente la necesidad urgente de privatización. Por el contrario, ese dato está siendo utilizado como argumento para atraer inversores, mostrando a la empresa como un negocio rentable.
Desde el punto de vista de los derechos de los consumidores, la preocupación principal es que la privatización puede traducirse en tarifas más altas, menor control estatal, y un servicio orientado al lucro más que al bienestar general. El acceso al agua y al saneamiento no puede depender de la lógica de mercado.
Un retroceso en políticas de inclusión
Entre 2006 y 2015, bajo gestión estatal, AySA extendió el servicio de agua potable a 3 millones de personas y el de cloacas a más de 2 millones, llevando la cobertura al 83,3% y 63,3% respectivamente. Estos avances fueron posibles por una mirada que priorizó el derecho social por sobre la rentabilidad.
Hoy, en lugar de fortalecer y auditar lo público para mejorar su funcionamiento, el Gobierno nacional recurre a recetas ya conocidas que promueven el desguace del Estado. La privatización de AySA no es un hecho aislado: forma parte de un paquete de medidas que incluye a otras empresas estratégicas como Enarsa, Nucleoeléctrica y Trenes Argentinos.
Defender el derecho al agua es defender la vida
Desde la Unión de Usuarios y Consumidores expresamos nuestra profunda preocupación ante esta decisión y alentamos a que se generen instancias de debate público y participación ciudadana sobre el destino de un servicio tan esencial. Creemos que el camino debe ser el fortalecimiento del Estado y la ampliación de derechos, no su retroceso.
Porque el agua no es una mercancía. Es un derecho. Y los derechos no se negocian.