Desde la Unión de Usuarios y Consumidores manifestamos nuestro absoluto rechazo al avance de los proyectos que buscan bajar la edad de imputabilidad penal en Argentina.
Esta semana, la Cámara de Diputados vuelve a discutir la posibilidad de modificar el régimen penal juvenil. El oficialismo propone reducir la edad de imputabilidad a los 13 años, mientras que otros bloques opositores impulsan llevarla a 14. Solo un sector minoritario se mantiene firme en defender el límite actual de 16 años.
Desde nuestro espacio sostenemos que criminalizar a niños y adolescentes no resuelve los problemas de fondo: la violencia, la desigualdad, la pobreza estructural y la falta de oportunidades.
“Bajar la edad de imputabilidad es una forma de legalizar el odio”, expresó con claridad el ex juez federal Carlos Rozanski en el programa Derechos a la carta.
Empujar a adolescentes al sistema penal en lugar de garantizarles acceso a la salud, educación, vivienda y protección es una derrota del Estado y de la sociedad.
“El sistema penal no fue pensado para niños. Aplicarlo a menores no los repara: los destruye”, advirtió Rozanski.
El discurso que promueve la baja de edad de imputabilidad aprovecha el miedo y la inseguridad para instalar una mirada punitiva, que no se basa en datos sino en prejuicios.
Las estadísticas son claras: los delitos cometidos por menores representan un porcentaje mínimo del total, y la reincidencia aumenta cuando se los encierra en cárceles o institutos represivos.
“No hay ninguna evidencia de que endurecer penas a adolescentes reduzca el delito. Lo que sí hay es un efecto político: se construye un enemigo fácil”, remarcó el ex magistrado.
Reforzar el castigo no reduce el delito. La respuesta real está en políticas públicas integrales de inclusión social, en un sistema de protección integral de derechos que priorice la prevención y el acompañamiento antes que la persecución.
Nos preocupa especialmente que se esté debatiendo este tema en un contexto de ajuste, desfinanciamiento de programas sociales, cierre de dispositivos de contención y profundización de la exclusión. No se puede discutir castigo sin garantizar derechos.
“Esto no es un debate técnico ni jurídico: es una operación política para profundizar la exclusión y justificar el abandono”, sostuvo Rozanski.
Por eso, desde la Unión de Usuarios y Consumidores decimos con firmeza:
bajar la edad de imputabilidad es retroceder como sociedad.
Rechazamos cualquier intento de legitimar el castigo a niñas, niños y adolescentes como respuesta a una crisis que es, sobre todo, estructural.