La Ley de Glaciares vuelve al centro del debate público y parlamentario. El Gobierno nacional impulsó una reforma de la ley N° 26.639 —que establece los presupuestos mínimos para la protección de glaciares y del ambiente periglacial— y reabrió una discusión clave sobre federalismo, bienes comunes y derechos ambientales.
La iniciativa ingresó al temario de las sesiones extraordinarias del Congreso y genera un fuerte rechazo de sectores científicos, jurídicos y ambientales, que advierten sobre un posible retroceso en la protección de uno de los recursos más estratégicos del país: el agua.
Qué protege hoy la Ley de Glaciares
La normativa vigente reconoce a los glaciares y al ambiente periglacial como reservas estratégicas de recursos hídricos, fundamentales para el consumo humano, la agricultura, los ecosistemas y la mitigación del cambio climático. Por ese motivo, prohíbe expresamente actividades como la minería y la explotación hidrocarburífera en esas zonas.
Además, la ley se apoya en el Inventario Nacional de Glaciares, una herramienta técnico-científica elaborada por especialistas y validada incluso por la Corte Suprema de Justicia, que identifica y protege estas geoformas en todo el territorio nacional.
Desde una perspectiva de derechos, la ley se inscribe en el artículo 41 de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho a un ambiente sano y establece que la Nación debe fijar presupuestos mínimos de protección ambiental, que las provincias no pueden vulnerar.
Qué propone la reforma impulsada por el Ejecutivo
El proyecto oficial plantea modificar el alcance de esa protección y otorgar mayor margen de decisión a las provincias para habilitar actividades productivas en zonas hoy protegidas. Entre los cambios más cuestionados se encuentran:
- La posibilidad de autorizar actividades productivas en glaciares y ambientes periglaciares mediante evaluaciones provinciales.
- El debilitamiento del rol vinculante del Inventario Nacional de Glaciares, que pasaría a ser un instrumento de consulta.
- La incorporación de criterios que permitirían excluir glaciares del régimen de protección si se considera que no cumplen funciones hídricas “estratégicas”.
Especialistas advierten que estos cambios introducen excepciones donde hoy existen prohibiciones claras, y que eso contradice el principio de no regresión ambiental, reconocido tanto por la Constitución como por tratados internacionales suscriptos por Argentina, como el Acuerdo de Escazú.
Derechos ambientales, agua y bienes comunes
Desde una mirada de derechos, el debate excede la discusión técnica o productiva. Los glaciares no son un recurso explotable más: son bienes comunes, cuyo deterioro afecta a toda la sociedad, hoy y en el futuro.
La protección ambiental no es un obstáculo al desarrollo, sino una condición para garantizar derechos básicos como el acceso al agua, la salud y un ambiente equilibrado. Debilitar esas protecciones implica trasladar costos ambientales y sociales a las comunidades, mientras se priorizan beneficios económicos de corto plazo para sectores concentrados.
Diversas organizaciones y especialistas advierten que la reforma podría profundizar desigualdades territoriales y dejar a las provincias bajo presión para habilitar proyectos extractivos, aun cuando estén en juego recursos esenciales para la vida.
Federalismo ambiental: una discusión de fondo
El eje del debate también pone en tensión el concepto de federalismo ambiental. Si bien las provincias tienen dominio originario sobre sus recursos naturales, ese dominio convive con la obligación del Estado nacional de garantizar pisos mínimos de protección ambiental para todo el país.
Permitir que esos pisos se debiliten o se fragmenten según intereses económicos locales no fortalece el federalismo: lo vacía de contenido y expone a las comunidades a mayores riesgos ambientales.
Un debate que define el modelo de país
La discusión sobre la Ley de Glaciares no es nueva, pero hoy se da en un contexto de ajuste, apertura económica y fuerte presión sobre los bienes comunes. Lo que está en juego no es solo una norma, sino el modelo de desarrollo, la protección de los derechos ambientales y la responsabilidad del Estado frente a las generaciones futuras.
Desde la Unión de Usuarios y Consumidores sostenemos que el agua es un derecho humano y un bien común, y que ninguna reforma puede avanzar sobre conquistas ambientales que protegen la vida, la salud y el interés colectivo. Defender la Ley de Glaciares es defender derechos.