La Unión de Usuarios y Consumidores y Consumidores Libres obtuvieron una ampliación temporal de la medida cautelar que impide el corte de agua potable y desagües cloacales a los usuarios residenciales dentro del área servida por AYSA.
La decisión fue adoptada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 12, que resolvió suspender la aplicación de los artículos del Decreto de Necesidad y Urgencia 493/2025 que habilitaban el corte del servicio por falta de pago.
Qué resolvió la Justicia
En la resolución de febrero de 2026, el juzgado dispuso:
- Suspender el DNU 493/2025 en los puntos que autorizaban el corte del servicio.
- Mantener la protección para todos los inmuebles residenciales alcanzados.
- Establecer una especial tutela para hogares donde vivan niñas, niños o adolescentes, personas mayores o personas con discapacidad.
- Ordenar el restablecimiento inmediato del servicio en caso de haberse interrumpido, cuando se acrediten esas situaciones.
- Fijar la vigencia de la medida por tres meses o hasta que se dicte sentencia definitiva, lo que ocurra primero.
Un contexto social crítico
La morosidad en el pago de los servicios públicos se incrementó de manera significativa en los últimos meses, especialmente en el conurbano bonaerense. En ese escenario, habilitar el corte de agua y cloacas implicaba dejar a miles de familias sin acceso a un servicio esencial.
El acceso al agua potable y al saneamiento no es un privilegio: es un derecho humano básico, reconocido por normas constitucionales y tratados internacionales.
Autorizar cortes masivos en un contexto de crisis económica no sólo profundiza la desigualdad, sino que afecta directamente condiciones mínimas de salud, dignidad y vida.
La acción colectiva como herramienta de defensa
La cautelar se dictó en el marco de la demanda colectiva iniciada conjuntamente por la Unión de Usuarios y Consumidores y Consumidores Libres contra el Estado Nacional, cuestionando la validez de los artículos del DNU que habilitaban los cortes.
Esta ampliación de la medida cautelar representa una noticia positiva en un panorama complejo para los derechos de usuarios y consumidores.
Desde la Unión reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando en la defensa del acceso universal a los servicios públicos esenciales, especialmente para los sectores más vulnerables.
Porque el agua no es una mercancía: es un derecho.