El 24 de septiembre de 2025 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 357/2025 del Ministerio de Economía, que eliminó más de 70 normas complementarias en materia de comercio y consumo.
No se trata de la derogación de la Ley de Góndolas, la Ley de Abastecimiento ni de la Ley de COPREC en sí mismas, ya que esas leyes ya habían sido derogadas anteriormente por decretos. Lo que ahora se suprimió son las resoluciones reglamentarias que detallaban cómo se aplicaban esas normas: desde criterios de exhibición en góndolas, controles de precios, márgenes de ganancia, hasta regulaciones sobre insumos básicos o procedimientos de reclamos en consumo.
Normas alcanzadas
Entre las disposiciones eliminadas se incluyen:
- Reglamentaciones de la ya derogada Ley de Góndolas (ej.: distribución de espacio en supermercados).
- Resoluciones derivadas de la Ley de Abastecimiento (precios máximos, márgenes de utilidad, etc.).
- Normas del COPREC (Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo), cuya ley fue derogada por el DNU 55/2025.
- Regulaciones sectoriales vinculadas a hidrocarburos, alimentos e insumos para la construcción.
Argumentos del Gobierno
Según la Secretaría de Industria y Comercio, el objetivo es:
- “Reducir la carga administrativa y burocrática”.
- “Eliminar resoluciones que quedaron sin sentido tras la derogación de las leyes madre”.
- “Generar un marco regulatorio más claro, ágil y eficiente”.
La política de fondo
Más allá de la cuestión técnica, lo clave es que se trata de una política pública orientada a quitar al Estado herramientas de regulación.
Con la eliminación sucesiva de leyes, decretos y resoluciones, se despoja a la administración pública de instrumentos para controlar, ordenar y proteger a los usuarios y consumidores.
Esto significa que cada vez existen menos normas en las que fundar los reclamos, porque ya no están reguladas ni protegidas áreas sensibles como la fijación de precios, la distribución en góndolas o los mecanismos de conciliación en conflictos de consumo.
Impacto
La medida consolida un modelo de desregulación casi total en el comercio y en las relaciones de consumo. Para los usuarios y consumidores, implica un debilitamiento de las protecciones normativas y una mayor dependencia de la lógica del mercado.