Durante julio de 2025, la filial San Miguel–José C. Paz de la Unión de Usuarios y Consumidores realizó un relevamiento sobre el sistema “MIDE” (Medidores Prepagos de Electricidad, zona Edenor) en el Barrio Lamas de José C. Paz.
Qué encontramos en el relevamiento
La gran mayoría de los 50 entrevistados manifestó que la carga de energía la realiza a través del celular o en dos kioscos del barrio. Sin embargo, en casi todos los casos se entrega únicamente un ticket con un código de carga, omitiendo la información que exige la Resolución 258/2018.
Según esa normativa, los comprobantes deben incluir:
Número de usuario y de cuenta.
Número de medidor.
Fecha y hora de la transacción.
Identificación de la tarifa.
Unidades de energía compradas.
Valores del costo variable por escalón de consumo ($/kWh).
Impuestos, tasas y contribuciones.
En localidades como San Miguel la situación se repite. Allí, un usuario que insistió en recibir la planilla completa con la información detallada la obtuvo tras varios pedidos, y con la advertencia de que se trataba de “una excepción”.
A esto se suma la detección de un cobro adicional: $100 cada $1.000 de carga, bajo el concepto de “costo por servicio”. Esta práctica es ilegal, ya que los agentes de carga reciben su pago directamente de Edenor.
Opinión experta
Fernanda Lecey, abogada de la Unión de Usuarios y Consumidores y especialista en temas de electricidad, señaló:
“Desde los comienzos de esta modalidad de medidores prepagos hemos sido críticos -aunque en general los usuarios lo reciban bien- porque no cumplen con las características básicas de los servicios públicos domiciliarios: generalidad, uniformidad, continuidad y regularidad. Claramente la continuidad y regularidad no se cumple, ya que cuando se corta el servicio el usuario debe procurarse la carga, que si no logra hacerla por medios electrónicos, debe trasladarse en algunos casos a distancias considerables para concretarla”.
También destacó que las personas usuarias desconocen estas características esenciales del servicio, lo que permite a la distribuidora aprovechar su vulnerabilidad.
Además, planteó la necesidad de que se brinde información clara sobre el rendimiento del dinero cargado:
“Sería muy útil que los usuarios sepan, por ejemplo, que $5.000 equivalen a determinadas horas de luz, dos cargas de lavarropas, cuatro horas de un hornito eléctrico o seis horas de una estufa de cuarzo. Esa información ayudaría a administrar mejor los consumos”.
Nuestra posición
Desde la Unión de Usuarios y Consumidores sostenemos que el sistema de medidores prepagos, tal como se aplica hoy, no garantiza plenamente los derechos básicos de los usuarios de un servicio público esencial como la electricidad.
Por eso, continuaremos:
Relevando casos en distintos barrios.
Acompañando reclamos individuales.
Planteando propuestas a las distribuidoras y autoridades regulatorias.
El acceso a la información y la transparencia son condiciones necesarias para que un servicio público pueda cumplir con su función social y garantizar derechos