En un país donde se tiran más de 16 millones de toneladas de alimentos al año, una app como Cheaf, que conecta supermercados, panaderías y restaurantes con personas dispuestas a comprar productos cercanos a su fecha de vencimiento, puede parecer una solución eficiente. Pero también plantea interrogantes éticos y estructurales que merecen ser discutidos desde una perspectiva de derechos.
Cheaf ya rescató más de 75.000 kilos de comida en buen estado, evitó el desperdicio en más de 200 comercios y logró más de 350.000 descargas en pocos meses. Los usuarios acceden a combos con descuentos del 50% o más, comprando productos aptos para el consumo, pero próximos a vencer. Desde la empresa destacan que esto genera un triple impacto: económico, social y ambiental. Además, se sumaron recientemente al Plan Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicio de Alimentos, impulsado por la Secretaría de Agricultura.
¿Alivio al bolsillo o resignación al descarte?
En un contexto de pérdida de poder adquisitivo, pobreza creciente y retracción del consumo masivo, el modelo de Cheaf aparece como una alternativa para muchas familias. Sin embargo, como organización que defiende los derechos de las personas usuarias y consumidoras, no podemos dejar de preguntarnos:
¿Estamos celebrando que haya menos desperdicio o estamos naturalizando que una parte de la población solo puede acceder a lo que otros no quieren?
El acceso a una alimentación adecuada no debería depender de apps solidarias o de ofertas de último momento, sino de políticas públicas que garanticen alimentos de calidad, frescos, variados y seguros para todas las personas, sin segmentar el consumo por clase social.
Tecnología sí, pero con justicia social
Valoramos las iniciativas que promueven el consumo consciente y sustentable. La economía circular es un camino deseable, pero no puede ser el único. Mientras Cheaf alivia pérdidas del sector privado y da una respuesta parcial al problema del desperdicio, el Estado debe garantizar el derecho a la alimentación como parte del derecho al consumo digno.
Desde la Unión de Usuarios y Consumidores celebramos las herramientas tecnológicas que cuidan recursos, pero también exigimos un modelo que no degrade la dignidad de los consumidores ni profundice las desigualdades. La comida no es un residuo para recuperar, sino un derecho humano esencial.
Seguiremos atentos y activos para que la transformación del sistema alimentario tenga como eje la justicia, la equidad y el respeto a los derechos de todos los consumidores.