La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó el régimen de importación definitiva para consumo personal, destinado a personas humanas, con el objetivo de simplificar trámites, digitalizar procesos y unificar la operatoria dentro del sistema aduanero. La medida quedó formalizada a través de la Resolución General 5805/2025, publicada en el Boletín Oficial, que modifica el procedimiento vigente desde 2012.
Entre los principales cambios, la normativa incorpora un formulario digital interactivo y consolida la operatoria en el Sistema Informático Malvina (SIM), a través del procedimiento simplificado previsto en la Resolución General 3628. Según lo dispuesto, las personas podrán importar mercaderías nuevas o usadas para uso o consumo personal, siempre que por su cantidad, calidad, variedad o valor no se presuma una finalidad comercial o industrial.
Desde el punto de vista del consumidor, la medida implica una reducción de trabas burocráticas, mayor claridad en los procedimientos y una digitalización que, en principio, podría agilizar el acceso a bienes adquiridos en el exterior. Las operaciones continúan alcanzadas por el pago de derechos y gravámenes del régimen general de importación, y deben cumplir con las prohibiciones económicas y no económicas vigentes, así como con la intervención de otros organismos cuando corresponda.
Sin embargo, desde la Unión de Usuarios y Consumidores advertimos que estas flexibilizaciones, si no van acompañadas de controles efectivos y de una política integral de protección del mercado interno, pueden profundizar problemas estructurales que afectan a la industria nacional y al empleo. La ampliación y simplificación de los mecanismos de compra internacional individual favorece el ingreso de productos importados en condiciones más ventajosas que aquellas que enfrentan las PyMEs locales, que sí deben cumplir con cargas fiscales, laborales y regulatorias mucho más exigentes.
En este escenario, la línea que separa el consumo personal de la actividad comercial informal se vuelve cada vez más difusa. La posibilidad de ingresar bienes nuevos o usados bajo un régimen simplificado, sumada al crecimiento del comercio electrónico transfronterizo, abre la puerta a prácticas que, en los hechos, funcionan como canales de importación encubierta, generando competencia desleal y debilitando la producción nacional.
Además, la normativa vuelve a poner en discusión el rol del Estado en la protección del entramado productivo argentino. Facilitar trámites no puede implicar desentenderse de los impactos económicos y sociales de estas decisiones, especialmente en sectores sensibles como el textil, el calzado, los juguetes o los bienes de consumo masivo, donde la presión importadora ya ha provocado cierres de fábricas y pérdida de puestos de trabajo.
Desde la Unión de Usuarios y Consumidores sostenemos que el acceso a bienes y precios justos debe ir de la mano del fortalecimiento de la industria nacional y del empleo. La modernización del sistema aduanero no puede transformarse en una herramienta que profundice la primarización de la economía ni que consolide un modelo de consumo basado exclusivamente en productos importados.
Resulta imprescindible que estas medidas se acompañen de controles reales, criterios claros y políticas públicas que equilibren los derechos de las y los consumidores con la defensa del trabajo argentino y la producción local. Sin ese equilibrio, la simplificación aduanera corre el riesgo de beneficiar a unos pocos mientras perjudica al conjunto de la economía nacional.