El consorcio integrado por Rowing, Arcos, Transclor y PHX presentó la oferta más alta por las acciones estatales de la empresa. La adjudicación todavía debe completar los pasos formales. La operación reabre el debate sobre el control privado de un servicio esencial para millones de personas.
A veinte años de la salida de Aguas Argentinas, AySA vuelve a quedar en el camino de la privatización. El Gobierno nacional abrió las ofertas económicas para transferir el 90% de las acciones estatales de la empresa que presta los servicios de agua potable y saneamiento en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.
La propuesta más alta fue de US$340,2 millones, presentada por el consorcio integrado por Rowing, Arcos Saneamento e Participações, Transclor y PHX Aqua. El grupo superó la oferta de Roggio, que propuso US$285 millones. El resultado lo dejó primero en la licitación, aunque la adjudicación definitiva todavía debe completar la revisión de la Comisión de Evaluación.
La cifra quedó por debajo de los US$450 millones que se habían señalado como expectativa de recaudación. En una operación que involucra una concesión de 30 años y un servicio esencial para más de 15 millones de personas, el monto ofrecido abre una discusión que no puede agotarse en la comparación entre dos propuestas: también importa cómo se valoró la empresa y qué obligaciones asumirá quien pase a controlarla.
Un proveedor de AySA, entre los futuros accionistas
El consorcio reúne empresas y capitales de distintos perfiles: PHX Aqua, un vehículo de inversión neerlandés; la operadora brasileña Arcos; la constructora argentina Rowing, y Transclor, la compañía de Mauricio Filiberti, proveedora de insumos utilizados para potabilizar el agua de AySA.
La presencia de Transclor plantea una cuestión que deberá ser atendida por los organismos de control: una firma que ya mantiene una relación comercial con la empresa pasaría también a integrar el grupo que busca controlarla. Esa situación exige reglas claras, transparencia en las contrataciones y controles independientes para prevenir posibles conflictos de intereses.
Filiberti, además, es socio de José Luis Manzano y Daniel Vila en Edenor. La vinculación vuelve especialmente relevante el control sobre las operaciones entre empresas relacionadas: AySA necesita energía para prestar el servicio y Edenor abastece a usuarios de la región. A esto se suma que Edenor acordó adquirir a YPF una participación mayoritaria en Metrogas, una operación que amplía su presencia en el sector energético.
La discusión que empieza ahora
El contrato de concesión tendrá un plazo de 30 años, con posibilidad de extenderlo por otros diez. Para los primeros cinco años establece planes de acción e inversiones obligatorias, además de metas de expansión de las redes. El desafío será comprobar que esos compromisos se cumplan y que las inversiones no se traduzcan automáticamente en facturas más difíciles de pagar.
El Gobierno justificó la privatización al señalar que AySA recibió más de US$13.400 millones en transferencias del Tesoro entre 2006 y 2023. Ese dato refleja aportes públicos acumulados durante años, pero no responde por sí solo cuánto vale hoy la compañía ni qué resultado tendrá el cambio de gestión para los usuarios.
La venta de acciones tampoco debe confundirse con el alivio de deuda de Edenor con Cammesa, estimado en torno a los US$450 millones. Son medidas distintas y no hay documentación que demuestre que ese mecanismo haya financiado la oferta por AySA.
El acceso al agua potable y al saneamiento es un derecho y una necesidad básica. Por eso, la discusión no puede limitarse al nombre de los nuevos accionistas: también debe incluir las tarifas, la calidad del servicio, las inversiones, la cobertura y la capacidad del Estado para controlar a la concesionaria durante las próximas décadas.