El gasto en transporte se consolidó como uno de los principales factores de presión sobre la economía de los hogares. Según un reciente informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política, el costo de la movilidad ya representa el 47% de la canasta de servicios públicos de una familia en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Desde la Unión de Usuarios y Consumidores advertimos que este escenario refleja un fuerte deterioro del poder adquisitivo y plantea serias dificultades para sostener el acceso a servicios esenciales.
Un gasto que no deja de crecer
De acuerdo con el relevamiento, un hogar promedio destina actualmente alrededor de $101.000 mensuales para cubrir sus necesidades de transporte, casi el doble que un año atrás.
En términos interanuales, el incremento fue impulsado por sucesivas subas tarifarias, que solo en el último mes registraron un aumento cercano al 15%.
Si se analiza el período desde fines de 2023, el salto es aún más significativo: el boleto mínimo pasó de poco más de $50 a superar los $700, lo que implica aumentos superiores al 1.200%.
Menos subsidios, más carga para los usuarios
Este fuerte incremento se explica en gran medida por la reducción de subsidios al transporte y el traslado progresivo de los costos a los usuarios.
Actualmente, los pasajeros financian una porción cada vez mayor del sistema:
Más del 45% del costo en la Provincia de Buenos Aires
Alrededor del 34% en líneas de jurisdicción nacional y de la Ciudad
A esto se suma la implementación de esquemas de actualización automática de tarifas, que ajustan mensualmente en función de la inflación.
Un sistema fragmentado y desigual
El informe también señala que se profundizó la fragmentación tarifaria en el AMBA, con diferencias entre la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia y las líneas nacionales.
Hoy, el boleto mínimo presenta valores distintos según la jurisdicción, lo que genera desigualdades entre usuarios que muchas veces realizan recorridos similares.
Impacto en el poder adquisitivo
El aumento del transporte no solo encarece la movilidad, sino que impacta directamente en el conjunto de la economía familiar.
Actualmente, la canasta de servicios públicos que incluye transporte, energía y agua representa más del 12% del salario promedio registrado.
En este contexto, el transporte explica gran parte del deterioro del ingreso disponible, limitando el acceso a otros consumos básicos.
Una tendencia que continúa
Las proyecciones indican que esta situación podría profundizarse en los próximos meses, en un escenario de:
Actualizaciones tarifarias mensuales.
Reducción sostenida de subsidios
Aumento de costos operativos
El transporte como derecho
Desde la Unión de Usuarios y Consumidores sostenemos que el acceso al transporte no puede ser considerado únicamente como un gasto, sino como un derecho esencial que garantiza la movilidad, el trabajo, la educación y la vida cotidiana.
El incremento sostenido de tarifas, sin una adecuada consideración de los ingresos de la población, genera barreras que afectan especialmente a los sectores más vulnerables.
La necesidad de políticas equitativas
Frente a este escenario, resulta fundamental avanzar en políticas que:
Garanticen tarifas accesibles
Consideren la capacidad de pago de los usuarios
Eviten desigualdades territoriales
Protejan el acceso a servicios esenciales
El transporte es una herramienta clave para el desarrollo social y económico. Su encarecimiento sostenido no solo impacta en el bolsillo, sino también en la calidad de vida de millones de personas.