La incorporación del proyecto de Régimen Penal Juvenil al temario de las sesiones extraordinarias abre un debate de enorme sensibilidad social, política y jurídica. No se trata únicamente de una discusión técnica sobre el sistema penal, sino de una definición profunda sobre cómo el Estado concibe a las infancias y adolescencias, especialmente a aquellas atravesadas por contextos de desigualdad, exclusión y vulneración de derechos.
Desde una perspectiva de derechos humanos, cualquier modificación al régimen penal juvenil debería partir del cumplimiento irrestricto de los compromisos internacionales asumidos por la Argentina, en particular la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece el principio del interés superior del niño, la excepcionalidad de la privación de la libertad y la obligación del Estado de priorizar políticas de protección, inclusión y restitución de derechos por sobre las respuestas punitivas.
La insistencia en bajar la edad de imputabilidad como respuesta a los problemas de inseguridad corre el riesgo de simplificar un fenómeno complejo y de trasladar la responsabilidad hacia las juventudes, sin abordar las causas estructurales que inciden en el delito juvenil: pobreza, fragmentación social, falta de acceso a educación, salud, vivienda, empleo y espacios de contención comunitaria. La experiencia comparada demuestra que el endurecimiento penal no reduce los niveles de violencia ni mejora la seguridad, pero sí profundiza la criminalización de la pobreza y la estigmatización de los sectores más vulnerables.
En este escenario, el debate parlamentario que se abre debería estar acompañado por información seria, evidencia empírica y la participación de especialistas, organizaciones sociales y organismos de derechos humanos. Avanzar en reformas regresivas sin una mirada integral puede debilitar el sistema de protección de derechos y consolidar un enfoque meramente sancionatorio, incompatible con un Estado democrático de derecho.
La seguridad ciudadana no puede construirse a costa de recortar derechos ni de profundizar desigualdades. Una sociedad más segura es aquella que garantiza derechos, amplía oportunidades y ofrece respuestas estatales integrales, especialmente para niñas, niños y adolescentes. El desafío del Congreso será dar este debate con responsabilidad, evitando soluciones de corto plazo que pueden tener consecuencias profundas y duraderas en la vida de las juventudes y en el entramado social en su conjunto.