En lo que va de 2025, la importación de fardos de ropa usada creció de manera exponencial en la Argentina y se consolidó como una de las principales formas de acceso a indumentaria para miles de familias, especialmente en el Conurbano bonaerense. Se trata de prendas descartadas por países del norte global que ingresan masivamente al país y modifican tanto los hábitos de consumo como el entramado productivo local.
Según datos difundidos por la Fundación ProTejer, la importación de indumentaria de segunda mano se disparó a partir de 2024, en un contexto de desregulación del comercio exterior. A octubre de 2025, la actividad registró un aumento interanual del 26.538% en cantidad, un número que da cuenta de la magnitud del fenómeno.
Estos fardos contienen ropa usada, sobrestock de grandes marcas de ultra fast fashion y restos de donaciones descartadas, que son enviados desde países centrales hacia economías periféricas. De esta manera, el norte global se deshace de residuos textiles y externaliza los costos ambientales de una industria altamente contaminante.
Una vez en el país, la ropa usada ingresa en un circuito comercial informal y formalizado a medias: ferias itinerantes en el Conurbano bonaerense, locales a la calle, ventas por redes sociales y comercios de otros rubros que suman “un fardito” como estrategia de atracción. Para muchas personas que quedaron fuera del sistema formal, esta actividad representa una fuente de ingresos frente a la pérdida del empleo y la caída del poder adquisitivo.
Sin embargo, el crecimiento de este mercado tiene consecuencias profundas. Por un lado, impacta de lleno en la industria textil nacional, que cumple normas laborales, ambientales y de seguridad, pero compite en condiciones desiguales frente a productos importados sin controles ni trazabilidad. Por otro, genera un problema ambiental de largo plazo: gran parte de estas prendas termina como residuo, saturando basurales y sistemas de gestión de residuos que no están preparados para absorber semejante volumen textil.
Desde una mirada de defensa de las y los consumidores, el fenómeno plantea interrogantes urgentes: la falta de información sobre el origen de las prendas, la ausencia de controles sanitarios y ambientales, y la inexistencia de políticas públicas que regulen el ingreso y la comercialización de estos productos.
La expansión de la ropa usada importada no puede analizarse solo como una tendencia de consumo. Es el reflejo de un modelo económico que combina desregulación, crisis social y transferencia de costos ambientales hacia los sectores más vulnerables. Frente a este escenario, resulta imprescindible debatir políticas que protejan a los consumidores, cuiden el ambiente y resguarden la producción nacional, sin desconocer las necesidades materiales de quienes hoy encuentran en este circuito una forma de subsistencia.
Desde la Unión de Usuarios y Consumidores sostenemos que el acceso a bienes básicos debe garantizarse con derechos, información y regulaciones claras, y no a costa de profundizar desigualdades sociales, laborales y ambientales.