Un reciente informe sobre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) volvió a poner en el centro de la escena las deficiencias en la gestión de las pensiones no contributivas por invalidez. Entre los problemas detectados aparecen auditorías mal implementadas, desigualdades enormes entre provincias, maltrato en la atención y suspensiones injustificadas de beneficios.
Qué mostró el relevamiento
Según el estudio, la brecha entre provincias es notoria: Chaco tiene casi 11 veces más pensiones por invalidez que la Ciudad de Buenos Aires. A su vez, persisten denuncias de personas con incapacidad visible que vieron interrumpidas sus prestaciones y otras que debieron enfrentar trámites engorrosos, largos e irrazonables.
Desde la filial de Mar del Plata, la abogada Karina Carrizo integrante del Instituto de Discapacidad del Colegio de Abogados local señaló que para acceder a una pensión no contributiva no es necesario contar con Certificado Único de Discapacidad (CUD). Esta aclaración permite comprender mejor las inconsistencias en los números: en algunas provincias hay más pensiones otorgadas que CUD emitidos, lo que no siempre implica irregularidad sino un criterio distinto de evaluación.
El rol de la Unión de Usuarios y Consumidores
Frente a este panorama, desde la Unión reafirmamos nuestra preocupación y nuestro compromiso en la defensa de los derechos de los sectores más vulnerables.
Nuestro trabajo se centrará en:
- Asesorar y acompañar a las personas afectadas, brindándoles información clara y orientación en cada caso.
- Visibilizar los incumplimientos y reclamar ante los organismos correspondientes por un trato digno y procedimientos adecuados.
Como destacó nuestro equipo jurídico, no se trata solo de una cuestión administrativa, sino de un tema de derechos. Limitar o eliminar ingresos destinados a personas con discapacidad vulnera directamente su derecho al acceso al consumo, es decir, a satisfacer necesidades básicas que hacen a su vida cotidiana.
Un desafío que requiere respuestas
La situación de las pensiones por discapacidad pone en evidencia la necesidad de procesos más claros, menos burocráticos y verdaderamente inclusivos. Al mismo tiempo, muestra que las fallas en la gestión estatal no son neutras: afectan de manera directa la vida de quienes dependen de estas prestaciones para sostenerse.
Desde la Unión de Usuarios y Consumidores seguiremos trabajando para que se respeten los derechos, se corrijan los errores y se ponga en el centro a las personas, no a las planillas.