En un contexto marcado por bajas temperaturas, cortes en el suministro de gas natural y creciente demanda de alternativas energéticas, el Gobierno nacional oficializó, a través del Decreto 446/2025, una serie de modificaciones a la Ley 26.020, que regula la producción, fraccionamiento, distribución y comercialización de gas licuado de petróleo (GLP), es decir, las garrafas.
Con esta medida, el Estado dejará de intervenir en el control del precio y las condiciones de comercialización del producto, dejando al mercado “libre y competitivo” la determinación de costos y márgenes. El nuevo enfoque se limita a controles de seguridad técnica, dejando de lado cualquier regulación económica o de acceso justo para la población usuaria.
¿Qué cambia para los consumidores?
El decreto establece que el Estado no regulará más los precios del gas envasado ni intervendrá en la asignación de licencias o la planificación de la distribución. La Secretaría de Energía sólo mantendrá un rol de inspección técnica para velar por la seguridad en las plantas fraccionadoras y distribuidoras.
Esto implica que los fraccionadores podrán envasar gas de cualquier proveedor sin restricciones, incluso utilizando envases de otras marcas mediante contratos bilaterales. También se habilita la importación libre de GLP, sin necesidad de autorización previa, y la exportación siempre que se garantice el abastecimiento interno.
Un nuevo modelo sin regulación de precios
El Gobierno argumenta que el régimen anterior generaba sobrerregulación, distorsiones y sobrecostos, y que el sector privado está en mejores condiciones de garantizar el abastecimiento con eficiencia. Según la visión oficial, la libre competencia permitirá mejorar la calidad del servicio y reducir los costos operativos.
Sin embargo, desde la Unión de Usuarios y Consumidores, advertimos que la desregulación del precio de un bien esencial como la garrafa puede profundizar la desigualdad en el acceso a la energía, especialmente para las familias de menores ingresos que no cuentan con conexión a la red de gas natural.
Un contexto sensible para las familias
De acuerdo con los últimos datos oficiales, el 45% de la población argentina utiliza GLP para cocinar. En muchas provincias y localidades, las garrafas son la única fuente disponible para calefacción y cocción, y constituyen un insumo básico para hogares en situación de vulnerabilidad.
Eliminar el control estatal sobre el precio justo cuando el consumo se incrementa por el invierno y en medio de una crisis energética pone en riesgo la seguridad energética de millones de personas, y traslada el poder de decisión sobre un bien esencial al mercado y a su lógica de rentabilidad.
Una medida que requiere seguimiento
Desde la Unión de Usuarios y Consumidores seguiremos monitoreando los efectos de esta medida, que se presenta como una desregulación técnica pero tiene un fuerte impacto económico y social. El derecho al acceso a la energía en condiciones seguras, previsibles y asequibles debe estar garantizado por el Estado, no librado exclusivamente a la lógica del mercado.
Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos de las y los consumidores, en especial de los sectores más vulnerables que dependen de políticas públicas activas para garantizar condiciones mínimas de vida digna.