El jueves pasado se trató en la Cámara de Diputados un proyecto que declara la “emergencia en discapacidad”. Desde la Unión de Usuarios y Consumidores, consideramos importante aportar algunas claves para analizar el contexto que rodea a esta iniciativa legislativa y sus posibles implicancias.
Una situación sostenida en el tiempo
Si bien el término “emergencia” sugiere una coyuntura excepcional, la realidad que atraviesan muchas personas con discapacidad y sus entornos de cuidado responde a un proceso sostenido de dificultades para el acceso a derechos.
Entre los problemas estructurales se destacan:
• El retraso en el valor de los aranceles del Nomenclador de Prestaciones Básicas, que no llegan a cubrir los honorarios profesionales en áreas clave como rehabilitación, educación o salud.
• La demora en los pagos a prestadores, que impacta directamente en la continuidad y calidad de los servicios.
• La falta de cumplimiento del cupo del 4% de empleo público para personas con discapacidad.
• Las modificaciones por decreto en los criterios de otorgamiento y compatibilidad de las pensiones no contributivas.
Lo que recomiendan los marcos internacionales
Estas situaciones ya han sido observadas por el Comité de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) de Naciones Unidas, que en distintos informes realizó recomendaciones al Estado argentino para fortalecer las políticas públicas, ampliar el acceso a derechos y evitar retrocesos normativos.
Políticas estructurales, no medidas de excepción
En este contexto, consideramos necesario avanzar en regulaciones claras y estables, que permitan mejorar el sistema de pensiones no contributivas con perspectiva de derechos, garantizar la financiación adecuada de los servicios, y fortalecer la protección social desde una mirada integral.
El ingreso digno, el acceso al trabajo y a una vida autónoma no pueden quedar condicionados por la coyuntura económica. La protección social no es un beneficio, sino un derecho humano.
Por eso, creemos que cualquier normativa que se debata debe tener en cuenta la necesidad de soluciones de fondo, contemplando la inversión pública como una herramienta para garantizar la dignidad y la inclusión plena de las personas con discapacidad en la vida social, educativa y laboral.